RCR, 14 de julio 2025.- El ingeniero Américo Arizaca Avalos, ex director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno, expresó reparos sobre la pertinencia y la agenda de la mesa técnica anunciada por el gobierno para la formalización minera.

Arizaca señaló que la mesa se convoca «después de hechos casi consumados,» comparando la situación actual con el año 2012, cuando una serie de normas generaron protestas mineras y actualmente la mesa de negociación se realiza tras la muerte de 13 agentes en Pataz, La Libertad, y un enfrentamiento entre mineros y policías.

Según Arizaca, la agenda actual es «muy reducida y muy estrecha» y no aborda los problemas de fondo. Al respecto señaló que la agenda prioriza la continuidad de 31,560 registros de Reinfo vigentes, dejando de lado a 50,000 mineros que han perdido su condición de vigencia.

Arizaca indicó que estos 50,000 son quienes han estado protestando y exigiendo una nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Minería), y su exclusión podría agravar el problema, llevándolos a la total ilegalidad. Destacó que esto representa un «problema social muy fuerte» presente en más de 23 regiones del país.

Arizaca identificó los contratos de explotación como el problema «no superable» que impide la formalización ya que requiere la voluntad del titular minero, quien no está obligado a otorgarlo. Subrayó que más del 90% de los mineros informales operan en concesiones de terceros, siendo este el «grueso» del problema de fondo.

El ingeniero Arizaca expresó extrañeza por la ausencia del Ministerio Público en la mesa, a pesar de que tiene injerencia en la persecución de la minería ilegal, incluyendo operaciones en áreas protegidas, reservas nacionales o contaminación ambiental a través de la fiscalía especializada.

El especialista explicó que la trazabilidad del oro ha sido un tema de discusión por muchos años, buscando conocer el origen del mineral. Sin embargo, una vez que el oro es refinado es difícil determinar su punto de origen. El problema esencial de la trazabilidad radica en que hay mineros que explotan en un lugar y otros, conocidos como acopiadores, declaran esa producción como propia, lo que constituye una forma de lavado de activos.