RCR, 09 de julio 2025.- El congresista de Somos Perú, Jorge Alberto Morante, señaló las deficiencias y riesgos que tenía el predictamen de ley para la pequeña minería y minería artesanal, rechazado por la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, hubiera mantenido actividades ilegales y criminales, como la trata de personas.
“Esta iniciativa modifica la ley orgánica de gobiernos regionales, por lo tanto, no puede ser vista por la Comisión Permanente, sino por el Pleno. Además, exonera de responsabilidad penal a los mineros en proceso de formalización con respecto a los daños ambientales que puedan generar”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que de aprobar el predictamen para la pequeña minería y minería artesanal se crearía “dos tipos de ciudadanos”, aquellos obligados a cumplir la ley, y otros con licencia para contaminar sin sanción. Asimismo, expresó su preocupación por una cláusula que permitía a los mineros solicitar concesiones en tierras de comunidades campesinas o nativas si estas no se pronunciaban en un plazo de un año.
“De una u otra manera, legalizar a los ilegales también significaría legalizar la trata de personas, la producción ilegal y la venta ilegal del oro, porque incluso se está exigiendo que el Banco de la Nación les compre el oro y que además les dé créditos preferentes a intereses reducidos cuando esa no es función, incluso se afectaría directamente a todas las comunidades”, expresó.
Morante sostuvo que fue el régimen tributario propuesto en la ley, que exoneraba del pago de impuestos a quienes tuvieran hasta 150 UIT de utilidad neta, y reducía considerablemente la tasa impositiva a quienes ganaran hasta 250 UIT. “Esto afecta directamente el canon y las regalías que deben beneficiar a las regiones afectadas”, mencionó.
Interese económicos
Manifestó que las presiones externas que rodearon el intento de aprobación del predictamen, incluyendo protestas prolongadas frente al Congreso y bloqueos en diversas regiones del país, corresponderían a intereses económicos vinculados a la minería ilegal.
“Estas protestas necesitan de un financiamiento y es evidente que es por la minería ilegal, por eso el Estado peruano tiene la obligación de hacer cumplir la ley porque además el bloqueo de carreteras es un delito. Lamentó que hayan grupos políticos en el Congreso que se estén vinculando a estas actividades ilegales porque definitivamente ahí hay mucho dinero para campaña”, anotó.
Finalmente, alertó sobre el doble discurso de algunos sectores políticos que critican a la gran minería, pero defienden a la minería informal e ilegal, a pesar del grave daño ambiental y social que esta genera. “No puede haber dos tipos de ciudadanos en el Perú: los que cumplen la ley y los que están por encima de ella”, concluyó.
