RCR, 07 de julio 2025.- El abogado especialista en temas medioambientales e integrante del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, sostuvo que mineros ilegales presionan al Congreso para seguir operando con impunidad, en ese sentido, no descartó que algunos legisladores accedan a las presiones e impongan una Ley MAPE a la medida de los manifestantes.
“El Gobierno anuncio que no cederá al chantaje, pero la atención de los mineros ya no está sobre el Ejecutivo, sino sobre el Congreso. Hemos visto al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, yendo en contra de los acuerdos dentro de la legislatura al convocar a ministros para continuar el debate de la Ley MAPE”, dijo a través de Red de Comunicación Regional.
Alertan sobre predictamen
Señaló que el predictamen impulsado por la Comisión de Energía y Minas propone medidas graves como imponer servidumbre sobre concesiones formales, permitir actividades mineras en cursos de agua y presionar a comunidades indígenas a pedir concesiones sobre sus tierras. En ese sentido, sostuvo que estamos frente a un esquema de poder que se repite hace varios años.
“El tema está en manos del Congreso de la República y los mineros están apostando por contar con una nueva ley MAPE, porque saben que con eso ya tienen la vigencia e impunidad en un largo plazo, los va a blindar con mayor protección concretamente y ese es el riesgo mayor que tenemos en este momento que el Legislativo superponga a la decisión del Ejecutivo”, enfatizó
Operadores políticos
Ipenza expresó su preocupación por la influencia de operadores políticos que trabajan en regiones como Apurímac, La Libertad y el sur del país, movilizando recursos logísticos y electorales para presionar al Congreso. Aseguró que la aprobación de esta norma representaría una peligrosa validación de prácticas ilegales
“Estamos en un momento decisivo, lo que se apruebe no solo afectará a la minería, sino al país entero, porque el objetivo de estos sectores es blindarse para seguir operando con impunidad. Toda persona que intente aprobar normas que favorecen a sectores ilegales debe quedar descartado”, anotó.
Finalmente pidió coherencia y responsabilidad a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, especialmente en un contexto donde la presión de los mineros informales se ha trasladado de las calles a las mesas de decisión política. “No podemos permitir que, en nombre de resolver conflictos, se aprueben leyes que legalicen la ilegalidad. La minería debe formalizarse bajo reglas claras, no bajo presión y conveniencia”, concluyó.
