RCR, 02 de julio de 2025.- Frente al avance de la minería ilegal y su posible influencia en el proceso electoral de 2026, diversas voces han alertado sobre el riesgo de que esta actividad ilícita financie campañas políticas y distorsione la voluntad popular.
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, invocó a congresistas, autoridades y partidos políticos en campaña electoral a suscribir un pacto por la gobernabilidad y la transparencia, que garantice a los electores que no se aceptarán recursos provenientes de actividades ilegales.
“No podemos permitir que la minería ilegal financie o se inserte en la campaña política de las próximas elecciones. Por ello hago, un llamado a las autoridades, a los congresistas y partidos políticos que están en campaña, a fin de que puedan firmar un pacto por la gobernabilidad y la transparencia, que nos garanticen que no serán financiados por la minería ilegal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que, pese a que algunos parlamentarios y autoridades gubernamentales estarían vinculados a la minería ilegal, la ley general de minería prohíbe que funcionarios tengan concesiones minerales por temas de transparencia.
“Necesitamos hacer una reflexión que nos lleve a todos, a los congresistas y representantes, a encontrar el rumbo correcto y lograr que los ilegales den un paso a la formalidad, así dejar de afectar el bienestar de los peruanos, del medio ambiente y sobre todo de las personas que por necesidad puedan estar trabajando en las concesiones ajenas”, expresó.
Torreblanca enfatizó la importancia de aprobar la ley MAPE, que establecería un régimen flexible, pero para la minería artesanal y de pequeña escala, permitiendo que los mineros formalizados trabajen con reglas definidas. “Si esta norma no se aprueba antes del 31 de diciembre, los mineros deberán acogerse a las reglas actuales, más exigentes, lo que pone en riesgo el sustento de miles de trabajadores informales”, anotó.
Cuestionó que sectores del Congreso estén postergando intencionalmente la ley MAPE, y exigió al Ejecutivo que impulse su aprobación con responsabilidad. De no hacerlo, el Legislativo deberá asumir las consecuencias de dejar sin derechos a los mineros en proceso de formalización, mientras se fortalece la posición de quienes operan fuera del marco legal.
“Estas protestas, bloqueos de carreteras y otras medidas de presión vulneran los derechos de otros ciudadanos y no deben ser toleradas. Por ello, instamos a los mineros ilegales o informales a canalizar sus demandas por las vías legales, acudiendo al Ministerio de Energía y Minas para informarse sobre los mecanismos disponibles para la formalización”, subrayó.
