RCR, 02 de julio de 2025.– Congresistas de la bancada Renovación Popular presentaron un proyecto de reforma constitucional que propone declarar en emergencia por 12 meses y reorganizar el Ministerio Público, así como la suspensión de las funciones de la fiscal de la nación y de la Junta de Fiscales Supremos.

La iniciativa propone incorporar disposiciones transitorias en la Constitución para disponer la declaratoria en emergencia mediante ley expresa del Congreso, a fin de garantizar la autonomía e independencia de la función pública y la integridad funcional del Ministerio Público.

Durante la declaratoria de emergencia, de acuerdo a la iniciativa, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designará, mediante concurso público, a los siete integrantes de la Junta Transitorio de Fiscales Supremos, entre los fiscales supremos adjuntos o fiscales superiores titulares.

“En caso de declararse desierto el primero concurso, para los siguientes concursos se exonera a los postulantes de tener la condición de fiscales supremos adjuntos titulares o fiscales superiores titulares”, indica la iniciativa.

Precisa además que Junta Nacional de Justicia resolverá la situación jurídica de la fiscal de la nación y de los fiscales supremos que conforman la actual Junta de Fiscales Supremos, y elegirá a los nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

La Junta Transitoria de Fiscales Supremos asumirá las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, elegirá al fiscal de la nación transitorio, propondrá a la JNJ instaurar procesos disciplinarios y suspensión preventiva de fiscales comprometidos en hechos graves, y presentará ante el Congreso una propuesta de Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley de Carrera Fiscal.

Concluido el plazo de reorganización, se restituirá su funcionamiento ordinario del Ministerio Público conforme a la normativa vigente.

Entre los argumentos que fundamental la iniciativa, Renovación Popular señala que los ciudadanos no confían en el sistema de administración de justicia como resultado de años de frustración, la lentitud procesal, el uso político de la acción penal,  la creciente instrumentalización ideológica del Ministerio Público, entre otros.