RCR, 01 de Julio 2025.- Para Christian Campos Vázquez, politólogo e investigador asociado del Instituto de Criminología del Perú, la presencia de las economías ilegales en el sistema político peruano es un fenómeno estructural desarrollado hace mucho que está implantado en la vida social y económica del país. También, resaltó la importancia del apoyo de Empresarios por la integridad para la elaboración de la investigación, asociación cuyo objetivo es mantener elevados los estándares de servicio y trabajo del país.
Según el estudio realizado, 8.6 de cada 100 peruanos trabajan directa o indirectamente para la economía ilegal, lo que implica que alrededor de uno de cada diez ciudadanos depende de las actividades ilícitas para laburar. Campos señaló que una de las características negativas de la economía ilegal es que algunas de estas actividades no permiten realizar estimaciones más concretas.
“No todas las economías ilegales cuentan con datos disponibles para hacer estimaciones rigurosas, transparentes a partir de los datos disponibles. Por ejemplo, el tráfico de fauna silvestre es un poco complicado de estimar a nivel nacional, al igual que la extorsión es complicada, existen algunos datos, pero no son suficientes”, dijo para la Red de Comunicación Regional (RCR).
De igual modo, destacó que, en regiones como Puno, Loreto o el VRAEM, la dependencia de la economía ilegal es mucho mayor, al punto que llega a sostener la economía doméstica de las familias de dichas zonas. Sin embargo, Campos aseguró que la economía ilegal no es solo una problemática estrictamente radicada en las fronteras o provincias lejanas, tiene presencia a nivel nacional.
La economía ilegal en la democracia
El informe realizado por el Instituto de Criminología identificó cinco momentos clave donde la economía ilegal puede interferir en los procesos electorales. Para Campos, es más importante reconocer en qué momento de la democracia aparece la economía ilegal.
“Entre el 70 y el 80% de la economía en el país ha estado sumergida, es decir, entre el 70 y el 80% de las personas de las familias del Perú ha podido sobrevivir, ha podido desarrollarse, ha podido mandar a sus hijos a la universidad, a partir de economía sumergida, que es la suma de las actividades informales y la economía ilegal”, dijo.
En esa línea, enfatizó en que el principal problema que se ha generado con la economía ilegal es que actualmente no se puede hablar de democracia peruana sin relacionarlo con la economía sumergida.
¿Erradicar la economía ilegal?
El politólogo precisó que el gran obstáculo para erradicar estas economías es que están entrelazadas con la supervivencia de comunidades enteras, además de que representan un costo altísimo. Lo que explicaría el porqué sería poco probable que existan votantes que busquen un candidato enfocado en erradicar estas economías.
Asimismo, cuestionó la falta de estrategias para reemplazar la economía ilegal por actividades formales, teniendo en cuenta que cuando un empresario pequeño busca formalizar su negocio, encuentra varios obstáculos que impiden su formalización.
“No suena racional entender o asumir que el elector no va a votar por alguien de su entorno. Va a votar por alguien que conoce, alguien que está detrás de la matriz económica, que también sostiene su casa y que también sostiene a su familia”, detalló.
Organizaciones criminales en la política
Según el investigador, existe una participación explícita de las organizaciones criminales en la política que buscan infiltrarse en las esferas del poder, teniendo como objetivo formalizar sus actividades ilícitas tomando como ejemplo al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como un espacio politizado que es usado por los mineros ilegales para seguir operando sin castigo.
“No se trata necesariamente de organizaciones criminales que buscan destruir al Estado, que no se trata necesariamente de estructuras criminales que buscan acabar con la democracia, sino cambiar las reglas de juego, volver formales sus actividades, que el Estado reconozca que sus actividades son legítimas”, comentó.
Campos concluyó diciendo que para reducir la influencia del fenómeno que de las economías ilegales no basta con solo crear reformas, sino que se debe entender con precisión el problema. Habló de la necesidad de una intervención multisectorial que atienda las causas de las economías ilegales como el crimen organizado.
“El crimen organizado, no es el resultado de una mala policía, en lo absoluto lo es. No es el resultado de que la policía sea inoperante o ineficiente, que no lo es por los recursos que tiene. El asunto es todo lo que falló antes, que permitió que personas tengan que elegir estas economías para subsistir”, mencionó.
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