Tal como informó Perú21 el último lunes, uno de los aspectos más controvertidos es que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sería reemplazado por el denominado Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat). A juicio de la SNMPE, esta modificación implica la continuidad de un proceso de formalización que, tras más de dos décadas, ha demostrado ser ineficaz, permitiendo la inclusión de mineros ilegales.

Además, se mantiene —según el organismo que agrupa a las principales empresas del sector extractivo— un artículo (el 21) que perpetuaría la impunidad de quienes operan al margen de la ley. Estas son las ocho observaciones del predictamen de la Ley MAPE realizadas por la SNMPE:

Los ocho puntos críticos

1.- Ranapmat por Reinfo. El primero de los cuestionamientos —según la SNMPE— es que, bajo una nueva denominación, el Renapmat representa en esencia una prolongación del Reinfo. Esto permitiría la incorporación automática de quienes hoy serían considerados mineros ilegales, según lo previsto en varios artículos y disposiciones transitorias del proyecto.

Esta nueva figura habilita un proceso de formalización sin límite de tiempo para operadores de pequeña minería, minería artesanal y ahora también minería tradicional. Según advierte la SNMPE, este nuevo registro no establece un plazo máximo para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y operativos que exige una actividad minera formal, lo cual abre nuevamente la posibilidad de proteger actividades ilícitas.

A ello se suma que todos los inscritos en el Reinfo serían integrados automáticamente al Renapmat, sin importar si están activos o suspendidos, lo que permitiría la permanencia de operadores que han incumplido reiteradamente con las disposiciones de formalización.

La iniciativa, además, redefine la minería informal como aquella que simplemente no ha iniciado el proceso de formalización, permitiendo que incluso mineros ilegales accedan al nuevo régimen. En cuanto a los nuevos postulantes, los únicos requisitos serían presentar el DNI, RUC y las coordenadas georreferenciadas, alerta el gremio minero.

2.- Crea la minería tradicional y le da alcance hereditario. El segundo cuestionamiento gira en torno a la redefinición de las categorías de actividad minera a pequeña escala, incluyendo la creación de una nueva figura: la minería tradicional. Según el proyecto, esta categoría se incorpora al modificar la Ley General de Minería.

Para la SNMPE, esta definición es vaga y subjetiva, ya que no está ligada a un procedimiento administrativo ni a un título habilitante, sino a una presunta actividad histórica sin registros verificables que sustenten su legitimidad. Esta nueva categoría seguiría un proceso de formalización progresivo sin fecha de culminación, lo que permitiría operar sin mayores exigencias técnicas ni ambientales, además de otorgar un carácter hereditario al derecho de explotar.

El artículo 4 del predictamen incorpora la figura de la minería hereditaria, definida como “la actividad minera ejercida de manera empírica y heredada, con métodos manuales ancestrales, desarrollada por personas, familias o comunidades, sin fines industriales y vinculada históricamente a su entorno social y cultural”.

Más preocupante aún, la producción de la minería tradicional podría ser declarada mediante una simple declaración jurada, mientras que las operaciones se respaldarían con liquidaciones de compra, que no permiten identificar con precisión ni el origen ni el volumen del mineral extraído.

3.- Mantiene la impunidad para los mineros ilegales. El tercero de los reparos es que se establece un régimen de exoneración de responsabilidad penal para quienes estén inscritos en el Renapmat, incluyendo aquellos que realicen minería ilegal, lo cual —según la SNMPE— contraviene lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia 102/2025. Este fallo indica expresamente que los poderes del Estado no deben contemplar marcos legales que eximan de responsabilidades penales, civiles o administrativas en procesos de formalización minera.

Además, el predictamen brinda protección jurídica a los inscritos frente a acciones como desalojos o interdicciones, sin precisar cuándo se darían tales circunstancias. Esto podría generar una presión indebida sobre las autoridades encargadas de supervisar a los pequeños productores mineros, incluidos los nuevos mineros tradicionales, al tiempo que se anuncia la creación de mecanismos de denuncia y respuesta desde el Reglamento.

4.- Crea la servidumbre minera. El cuarto cuestionamiento se refiere a una grave infracción constitucional: el predictamen propone que quienes se registren en el Renapmat puedan acceder a la explotación del recurso mineral mediante una figura de servidumbre minera, incluso sobre concesiones otorgadas a terceros y sin necesidad de contar con su autorización.

De acuerdo con la Constitución peruana, la única vía legal para explotar recursos minerales es a través de una concesión. Plantear una servidumbre como alternativa legal sería equivalente a una expropiación encubierta, lo cual generaría inseguridad jurídica, fomentaría la ocupación irregular de concesiones y afectaría negativamente la inversión en proyectos formales, indica la SNMPE.

5.- Reduce la caducidad del término de la concesión. El quinto reparo apunta a modificaciones en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería. Una de las más preocupantes es la reducción del plazo para declarar la caducidad de una concesión, que pasaría de 30 a 10 años. Para el sector minero, la modificación desconoce que el desarrollo de un proyecto minero formal en Perú, incluyendo estudios, permisos y procesos administrativos, puede tardar hasta tres décadas, según estimaciones internacionales.

Asimismo, se amplía la posibilidad de que los pequeños mineros realicen procesamiento de minerales sin tener una concesión de beneficio —prerrogativa que hasta ahora solo se concedía a la minería artesanal bajo régimen de autorización—. Esto genera riesgos significativos para la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores, y podría incentivar la proliferación de plantas de procesamiento sin control ni fiscalización ambiental.

6.- Relaja los cuidados ambientales mínimos de la MAPE. El sexto punto crítico es la flexibilización de los estándares ambientales. Según la propuesta, los mineros tradicionales solo deberán presentar una declaración jurada de responsabilidad ambiental. 

En el caso de los pequeños mineros y los mineros artesanales, ya no se requerirá que sus instrumentos de gestión ambiental sean elaborados por consultoras especializadas registradas; bastará con la firma de un profesional en la materia.

Según la SNMPE, esto resulta sumamente preocupante debido al carácter técnico y multidisciplinario de los estudios ambientales, así como al riesgo de afectaciones severas al ecosistema y la salud de las poblaciones cercanas.

7.- Facilita el comercio de la minería ilegal con un régimen tributario que la beneficia. El séptimo señalamiento se centra en el régimen tributario planteado, que permitiría validar las liquidaciones de compra como comprobantes de pago, advirtió la sociedad minera. 

Pese a que este documento no permite identificar con claridad el origen del mineral —lo cual puede facilitar el comercio de mineral ilegal—, se le reconoce como comprobante válido para justificar la adquisición de insumos, maquinaria, combustibles y otros servicios.

Además, se admite su uso incluso cuando el proveedor no tenga RUC ni emita comprobantes formales, lo que, a juicio del organismo que representa al sector minero-energético, promueve la evasión fiscal y debilita la trazabilidad de las transacciones.

8.- Flexibiliza los trámites y el control del uso de explosivos. El octavo y último cuestionamiento de la SNMPE se refiere al manejo de explosivos. El predictamen encarga al Ministerio de Energía y Minas la elaboración de un reglamento especial que regule el acceso, control y distribución de explosivos en la MAPE.

Esta disposición plantea un serio riesgo de flexibilización en los controles sobre un insumo altamente sensible, ya regulado por la Ley N.º 30299 bajo supervisión de SUCAMEC. Crear un régimen paralelo podría debilitar los estándares técnicos de seguridad y poner en peligro a la población, a los trabajadores y al medio ambiente.

Aunque su debate ha sido momentáneamente suspendido, el riesgo de que este predictamen se apruebe en su forma actual aún persiste. 

Para la SNMPE, su eventual promulgación no solo perpetuaría los errores del pasado, sino que institucionalizaría la informalidad y debilitaría los pilares legales, ambientales y tributarios sobre los que debería sostenerse una minería responsable en el Perú.