RCR, 22 de Noviembre 2021 .- Raúl Jacob Ruisánchez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que la premier Mirtha Vásquez ha cometido una arbitrariedad e ilegalidad al anunciar el cierre de cuatro minas en Ayacucho. También dijo que esas declaraciones ponen en riesgo a más de 2 de millones de puestos de trabajo directos e indirectos que genera el sector en todo el Perú.
“Ya tenemos una información de la reacción de los mercados internacionales respecto a esta noticia. Una de estas tres empresas, involucradas en este desafortunado acto arbitrario e ilegal, ha visto sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres caer a la mitad de su valor. Ahí ya tenemos un impacto y esto se va a afectar a las empresas peruanas. Estas compañías tienen una parte de sus valores en los fondos de pensiones de los peruanos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que no solo se está cometiendo una arbitrariedad con las cuatro operaciones mineras de Ayacucho, sino que además hay un riesgo de que esto se quiera extender a nivel nacional. “Todas las empresas mineras formales tienen planes de cierre. Si hay más posibilidad de producir, se sigue adelante, se sigue un plan que tiene que ser aprobado por la autoridad, que tiene criterios técnicos y no es algo que se pueda realizar de manera arbitraria”, indicó.
“No solo nosotros hemos protestado por esta ilegalidad y arbitrariedad, sino que además los gremios empresariales que han entendido que no solo los puestos mineros están en riesgo, sino que hay una serie de actividades que se verían perjudicadas. El sector minero va a producir este año el 60% de las exportaciones. Si las exportaciones comienzan a descender, con los precios en alza de los alimentos, ahí nomás va a haber un impacto. También casi el 23% de lo recaudado por impuestos viene de la minería. Ahí también hay otro evento que impactaría a las finanzas públicas”, expresó.
También manifestó que la premier al firmar actas con la población está generando una expectativa que después no va a cumplir y ese es el problema que generan los conflictos sociales. “Se tienen unas expectativas, viene la autoridad y ofrece cosas que no puede cumplir. En este caso, la premier ha ofrecido cosas que el viceministro ha explicado que no es así y que se van a llevar las cosas dentro de las regulaciones que en normatividad ambiental son estrictas”, apuntó.
Enfatizó que también se está viendo contradicciones constantes en el Gobierno respecto a su posición frente las inversiones. “El presidente va la semana pasada a la conferencia de ejecutivos, organizada por CADE, hace una presentación invitando a los inversionistas peruanos y extranjeros a invertir en el Perú y 24 horas después ocurre este evento en el cual se genera una situación de tensión, porque además la premier señaló en Ayacucho, que estaba haciendo un programa piloto y que luego lo iba a extender a todo el país”, dijo.
“Estas contradicciones crean una incertidumbre en los inversionistas. Yo creo que el presidente no ha sido informado de manera adecuada lo que se iba a hacer en Ayacucho. Hoy día el presidente hace un llamado a los inversionistas a seguir con sus planes en el Perú y al día siguiente tenemos una actitud de la premier que contradice esto con una acción arbitraria al exceder sus facultades con ilegalidad”, observó.
Dos millones de empleos en riesgo de perderse
Advirtió que las declaraciones de la premier están poniendo en riesgo a más de dos millones de empleos directos e indirectos que brinda el sector minero. “A nivel nacional son mas o menos 2 millones de puestos de trabajo que están en riesgo, porque si cada semana ocurre un evento como el que estamos viendo. De ahí la preocupación”, afirmó.
“En Ayacucho estas cuatro empresas mineras emplean a seis mil personas de manera directa, y otros 48 mil puestos de trabajo indirecto están en riesgo. Un puesto minero formal de la minería moderna genera ocho puestos de trabajo, porque el trabajador necesita una infraestructura de salud, transporte, alojamiento, etcétera. Es decir, son otras 48 mil familias”, precisó.
Explicó que los temas relacionados con el cierre de minas son temas técnicos, en los cuales el Perú tiene una legislación moderna y uno de los elementos es el plan de cierre, que es como una licencia de funcionamiento. “No porque a una bodega se le vence su licencia de funcionamiento, tiene que cerrar, no es así. Si ve que el negocio tiene que seguir adelante, se vuelve a solicitar una nueva licencia y lo mismo ocurre con el cierre de minas”, detalló.
“En estas cuatro unidades mineras hay seis mil trabajadores directos y el ecosistema que está detrás de estas personas, que son seis mil familias, hay otros 48 mil puestos de trabajo, relacionado con esa actividad minera. Decir que uno tiene que cumplir esa fecha de cierres es un exceso, porque no son facultades de ella, son facultades técnicas del Ministerio de Energía y Minas. Es importante que mantengamos esos factores técnicos”, remarcó.
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