Por Ántero Flores-Aráoz
Como es sabido nuestra Constitución consagra el pluralismo económico y por ende el empresarial, pudiéndose hacer actividades empresariales bajo cualquier tipo de esquemas, como pueden ser de persona o personas naturales, de empresas individuales de responsabilidad limitada, empresas societarias en sus distintas modalidades, empresas cooperativas y también las empresas de propiedad social, aunque estas últimas dejaron de tener interés para los empresarios.
Las empresas por lo general, no necesitan autorización para su fundación ni tampoco para su actuación, con excepciones como las empresas del sistema financiero, en que las más conocidas son los bancos, las aseguradoras y las financieras.
Sin embargo, dentro del sistema cooperativo hay cooperativas que realizan actividades de índole financiera, como son las cooperativas de ahorro y crédito, las que reciben aportes y depósitos de los cooperativistas y al mismo tiempo otorgan créditos, pero no solamente a sus asociados sino también a terceros.
Pese a que las cooperativas a las que nos hemos referido en el párrafo anterior, realizan actividades propiamente del sistema financiero, lamentablemente no están supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), con lo cual en la práctica tienen patente de corso para hacer lo que les venga en gana, y se han dado casos en que malos directivos y funcionarios cooperativistas se han alzado con el santo y su limosna, como dice antiguo adagio.
Si bien es verdad que las mencionadas cooperativas están bajo las regulaciones que establece la SBS, su supervisión la tiene la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), pero ello solo en teoría, pues no todas las Cooperativas de dicha naturaleza forman parte de la Asociación y existen muchísimas que actúan por la libre, es decir, hacen lo que les da la real gana.
Como agravante tenemos que hay indicios de lavado de dinero ilícito en la extensa zona del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) en que hay remanentes terroristas asociados con el narcotráfico y que incluso se han convertido en carteles de la droga, pues allí se cultiva principalmente la coca y se elabora pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.
Lo dicho es sumamente preocupante, siendo indispensable y urgente que legalmente se empodere a la SBS para la supervisión de todas las cooperativas de ahorro y crédito del país, con especial énfasis en las existentes en zonas de tráfico ilícito de estupefacientes.
En el Congreso de la República se han presentado diversos proyectos con tal finalidad, entre ellos y el más importante el diseñado por la SBS. Lo increíble es que, pese a contar desde hace meses con dictámenes favorables, hasta ahora el Pleno no se ocupa del asunto, pero si sigue aprobando leyes declarativas que solo sirven para engrosar inútilmente nuestra legislación y levantar el ego de sus autores. Es hora que se pongan las pilas pues no basta la interdicción del narcoterrorismo, sino también se requiere cerrarle las puertas de las “lavanderías de dinero” mal habido.
