El historial del sistema pensionario peruano, es de larga data, habiéndose distinguido desde tiempo atrás, el de los trabajadores públicos del de los privados. Ninguno ha permanecido en el tiempo ni tampoco han sido homogéneos y, sus diferencias abismales, desde excesos en las prestaciones hasta las inequidades. Como ejemplo, se tuvo que modificar la Constitución para terminar con el “efecto espejo”, que conceptual y económicamente era insostenible.

Para los trabajadores privados, se creó el Seguro Obrero y el Seguro del Empleado, instituciones diferentes con distintas administraciones y también diferente atención de salud, hasta con hospitales separados para empleados y obreros, aunque con algo uniforme en ambos, como fue tener unificada la asistencia de salud con la prestación simultánea de pensiones.

Posteriormente se terminó con la discriminación asistencial de salud entre empleados y obreros y, se unificaron las dos administraciones en el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy EsSalud, limitándose a la prestación de salud y algunas otras asignaciones y pensiones, pero no la de jubilación que la asumió el Estado a través de la ONP, cuya operación es cobrar los aportes y con ellos, más la subvención del Estado, pagar las pensiones, por cierto, insuficientes.

Para mejorar el sistema pensionario, se crearon los fondos privados de pensiones, en que las empresas que los administraban hacían inversiones buscando la mejor rentabilidad, para con ellas pagar las pensiones.

El sistema privado aludido, ha sido objeto de modificaciones, tanto en el Perú como en el mundo, cuestionándose el alto impacto de la comisión de administración que se entrega por los cotizantes o aportantes a los fondos.

La objeción principal al sistema privado es que las inversiones que hacen los fondos, tengan buenos o magros resultados, siempre ellos perciben su comisión porcentual fija. Los aportantes pretenden y, con razón, que por lo menos parte de la comisión retributiva a los fondos, esté ligada al resultado de su actuación económica-financiera.

En buena hora que se pretenda hacer modificaciones al sistema privado de pensiones, pero se trata de mejorarlo y no suprimirlo ni tampoco dejarlo inoperativo. Es un tema técnico en que tiene que desterrarse todo tipo de ideologías y, más, las antisistema, que tanto daño nos viene haciendo, como el populismo que venimos observando últimamente.

El tema pensionario es técnico y de muchísima responsabilidad, pues se está accionando en un asunto de relevancia constitucional, en que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones y, no sólo ello, sino que los fondos y reservas de la seguridad social, tienen el carácter de intangible, esto es que no se pueden tocar, pese a lo cual desde el Ejecutivo y desde el Congreso, irresponsablemente se han tocado con ocasión de la pandemia. Habrá que reforzar la intangibilidad para que no vuelva a suceder.

No olvidemos que, es obligación constitucional la protección al anciano en situación de abandono, por lo que, si el sistema pensionario falla, al final el tema de la tercera edad nos afectará a todos a través de nuestros impuestos.