En la reciente “Conferencia Anual de Ejecutivos” (CADE), como ya es costumbre, la clausura estuvo a cargo del Presidente de la República y, normalmente la citada Conferencia sirve para que puedan exponer empresarios y altos funcionarios públicos, además fuera de las sesiones formales los concurrentes puedan dialogar francamente y fuera de los rígidos protocolos.

El Presidente Castillo en su alocución, hizo un certero análisis situacional del país y de metas para llegar al desarrollo. Nos recordó que durante años no han sido escuchadas las poblaciones del Perú profundo, agregando que “no basta el crecimiento del PBI sino viene acompañado de bienestar social para todos”. Empero, en las últimas casi tres décadas hay más personas que han salido de la pobreza y son parte del desarrollo y, ello gracias a la Constitución de 1993 que garantiza la inversión privada, que es la forma más eficiente de dotar trabajo que a su vez genera bienestar.

Dijo el primer mandatario que “en el país existe y seguirá existiendo seguridad jurídica y reglas claras”. Agregó que tiene la firme voluntad de seguir actuando en el marco de la ley y el estado de derecho para fortalecer la institucionalidad y la democracia”. Si ello es así, no entendemos entonces el motivo para que se pretenda dar otras reglas de juego mediante una nueva Constitución.

Tendríamos que estar dementes para no concordar con su aserto que deseamos un país más justo y equitativo en que podamos sentir confianza entre todos, buscando la unidad y no la división, propendiendo a la cooperación y no al enfrentamiento.

Si bien es cierto que en los primeros meses de gobierno se ha logrado soluciones concertadas entre Ejecutivo y Legislativo, como el trato y destino del cadáver de Abimael Guzmán y haber nombrado buenos directores para el Banco Central de Reserva, en representación de dichos Poderes del Estado, ello no es suficiente.

En efecto, mientras el Presidente exhorta en CADE al empresariado “…a que sigan apostando por el país, que inviertan sin temores y generen empleos con derechos”, por otro lado, tanto miembros de su Gabinete Ministerial como congresistas del grupo parlamentario que supuestamente lo apoya, le ponen CABE y lo escribo con mayúsculas pues hacen lo imposible por dejarlo mal.

Nos preguntamos ¿Cómo podrá invertirse con confianza”, cuando muchas veces las declaraciones de los ministros son contradictorias, cuando se anuncia cierre de minas legales y productivas, fuera de las normas que garantizan su funcionamiento. Cuando se presentan proyectos de ley que dificultan que personas de valía accedan a la función pública, además de perturbar los procesos de ascenso y pases a retiro en las Fuerzas Armadas y Policiales.  Cuando la mayor cantidad de disposiciones legales publicadas en el diario oficial, son de nombramientos de nuevos funcionarios hasta en direcciones de menor nivel, atentando contra la profesionalización de la carrera pública y la meritocracia. Cuando además se nombra a ministros y otras autoridades, sin calificaciones adecuadas y peor cuando en lugar de imponer el respeto a la Ley, se someten a los dictados de la turba.

No nos basta la palabra, para generar confianza requerimos hechos.