Se ha puesto en evidencia el dilema ideológico del presidente.
La conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros del miércoles 24 de febrero del 2021, ha significado un parteaguas en la percepción de la gente sobre la forma cómo enfrenta el Gobierno la pandemia Covid-19. Al discurso y a la argumentación no le siguieron decisiones políticas ni estrategias coherentes. Al contrario, se evidenció un divorcio. Por más que se esmeraban en aclarar que el levantamiento de la cuarentena obedecía a los argumentos esbozados, más se evidenciaba la contradicción. El Gobierno, con cifras en la mano, no pudo demostrar que existía disminución de los estragos de la pandemia, o cuando menos una meseta en la curva de la evolución de la pandemia que amerite el cambio de estrategia y el levantamiento de la cuarentena.
En tal sentido, parece obvio que ha sido el resultado de una decisión política del gobierno presionado por las protestas callejeras y quejas de la propia población. Además, ya la gente había comprendido que el discurso gubernamental tenía amplios márgenes de imprecisión. Solo basta recordar el uso de la palabra cuarentena que, en sentido estricto, tal como ha sido normada, ya no era cuarentena, a tal punto que el propio Gobierno la calificó de “cuarentena diferente” y que algunos calificaron de light y “bamba”. En ese sentido, ha quedado demostrado que la precisión de los conceptos es ajena al gobierno “de la ciencia y la tecnología.”
Algo similar ocurrió con la indignación que mostró el Gobierno al enterarse que el expresidente Martín Vizcarra, dos ministras del actual Gobierno y otros altos funcionarios se habían vacunado para protegerse contra la pandemia, con un lote de vacunas introducidas en el protocolo que regula el ensayo clínico, solo para pasar la aduana del Perú, debido a que carecían de registro sanitario que permitiera su importación. Luego, ya en territorio peruano, el lote fue separado del ensayo clínico y ha sido utilizado para proteger, sin autorización sanitaria y en modo ilegal, a la élite gubernamental, así como a la embajada China y a los empresarios de ese país. El caso es conocido como “Vacunagate” y se ha convertido en un escándalo internacional. La indignación del Gobierno se manifestó en el ofrecimiento de una inmediata investigación, diez días como plazo máximo y la separación del gobierno de los funcionarios responsables.
Sin embargo, la ejecución de esa promesa ha seguido también la lógica de la imprecisión de los conceptos. En ese sentido, se ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) que realice la investigación; cuando debió estar a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque estaban implicados los ministerios de Salud y Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) y otros sectores más. Es decir, la autoridad de la presidencia del Consejo de Ministros era indispensable para investigar todo el aparato estatal. Además, la resolución del Minsa que conforma la Comisión Investigadora es denominada sectorial, porque se aboca solo al estudio del sector Salud. Por si fuera poco, encarga su liderazgo a un ex asesor de la ex ministra de Salud que sería sujeto de investigación. Es obvio, que la investigación de otros sectores y ministerios sobrepasaba sus capacidades y los límites señalados por el propio Gobierno. El resultado ha sido el encapsulamiento de la investigación gubernamental solo en el sector Salud y en el ensayo clínico, y ha dejado para que “las autoridades correspondientes amplíen la investigación”.
En ese contexto, no se ha investigado al Ministerio de Relaciones Exteriores, que preside la Comisión Multisectorial para la adquisición de las vacunas, y que procuró el lote adicional de vacunas para proteger a los altos funcionarios; y además, transfirió la tarea al Minsa para encontrar los mecanismos para introducir ese lote en territorio nacional. La Comisión tampoco ha investigado, porque no estaba en sus atribuciones, la finalidad que ha cumplido ese lote adicional –como donación, dádiva o cortesía–, en momentos en que nuestro país se encontraba en pleno proceso de negociación de la compra de vacunas. Y menos aún si han existido algún otro tipo de dádivas adicionales. Se ha dejado de lado a los funcionarios del Concytec, como ente rector de la ciencia y la tecnología, y a los de las aduanas, que dejaron pasar las vacunas de “cortesía” camufladas en el ensayo clínico.
El domingo 28 de febrero, en una entrevista televisada, el presidente Sagasti entró en seria colisión con la percepción de la gente. Ahora la imprecisión de conceptos, que le había servido en otras circunstancias para evadir la realidad, ha sido un estorbo. El detonante ha sido la participación del sector privado en la adquisición y distribución de las vacunas contra el covid-19 que, además, es exigida por la población porque percibe ineficacia, ineficiencia y corrupción en el proceso de adquisición por parte del Gobierno.
En ese sentido, se ha puesto en evidencia el dilema ideológico del presidente; pero además, la falta de empatía ante los muertos y el miedo que la gente sufre de caer víctima de la pandemia. Es necesario, que el Gobierno, durante los pocos meses que le quedan, deje de lado los “matices de verdad” y los “conceptos imprecisos”. La población merece la verdad. ¡Basta de impunidad!
