Secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, Jaime Távara Alvarado, advirtió que “la historia juzgará” al Poder Judicial “si por una decisión jurisdiccional se interrumpe esta labor que realizamos como Comisión Regional Anticorrupción”.
RCR, 14 de septiembre. El desarrollo de la investigación de las denuncias sobre la paralización de las obras de irrigación del Proyecto Alto Piura, cargo de la Comisión Regional Anticorrupción del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, entre otras pesquisas, se encuentran en juego y dependen de la decisión del Segundo Juzgado del Piura, advirtió el secretario técnico de dicho organismo, Jaime Távara Alvarado.
“Estamos a la espera que la jueza Tatiana Panta (titular del Segundo Juzgado de Piura) se pronuncie y apoye todas estas medidas. En un momento en que el propio presidente de la República está pidiendo el combate directo a la corrupción, que la CAN está pidiendo la salida de Pedro Chávarry; en que en Piura la Comisión Regional Anticorrupción está enfrentando casos emblemáticos de corrupción”, subrayó.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Távara Alvarado advirtió que “la historia juzgará” al Poder Judicial “si por una decisión jurisdiccional se interrumpe esta labor que realizamos como Comisión Regional Anticorrupción”.
El funcionario anticorrupción de Piura informó que este miércoles su despacho fue notificado de la Resolución número 1 del Segundo Juzgado del Piura por la que se admite la acción de amparo presentada por la consejera regional de Talara, para que el Poder Judicial anule los acuerdos del Consejo Regional que encargó la Oficina Regional Anticorrupción al Secretario Técnico Anticorrupción.
Asimismo, indicó que el mismo recurso judicial procura revocar también el acuerdo que dispuso la abstención de las dos consejeras en las decisiones sobre la permanencia del referido Secretario Técnico Anticorrupción.
En ese sentido, Távara adelantó que antes de los cinco días del plazo de ley su despacho contestará la demanda ante la jueza Tatiana Panta Ordinola, a fin de que ésta conozca los acuerdos, en materia anticorrupción, del Consejo Regional y el contexto de los mismos.
Especificó que las demandantes son las consejeras regionales Grecia Arriola, de la provincia de Talara; y Cecilia Torres, de Paita.
Dijo que ellas plantearon esta acción judicial aduciendo una supuesta “vulneración de sus derechos” sobre su participación en la designación de un nuevo secretario técnico anticorrupción.
