Por Antero Flores-Araoz

Cada día estamos más desconcertados, sobre todo al ver como lo que siempre tuvimos como uno de los más altos valores, que es la soberanía nacional, va perdiendo presencia, prestancia e importancia, respecto a decisiones que se toman en el exterior, o con normatividad que no es la nuestra, o por interpretaciones sustentadas en preceptos que nos son ajenos.

Siempre supimos que, siendo país soberano, estábamos regidos por las normas que se dictaban en el país y por las autoridades nacionales competentes; que nuestra Democracia era representativa; que los ciudadanos escogíamos a nuestro Presidente y parlamentarios para que representándonos, hagan la tarea de gobernar y legislar.

También nos habían enseñado que hay una jerarquía normativa, y que la norma de más alta importancia como es la Constitución, que es la ley de leyes, primaba sobre cualquier ley, y la ley sobre las otras disposiciones gubernamentales de menor nivel.

Lo propio sucedía en la judicatura, pues sabíamos desde siempre que una resolución de la Corte Suprema, primaba sobre cualquier otra de instancia inferior, y que lo resuelto por dicha Corte, realmente era final pues no podía existir ninguna sentencia con mayor valor ni rango.

Con el correr del tiempo, se fue dejando de lado la normativa nacional, tanto en lo legislativo, como en lo gubernamental y ni que decir lo jurisdiccional. Nuestro país al suscribir o al adherirse a determinados tratados internacionales, sea de solución de controversias como también de defensa y protección de Derechos Humanos, hizo en la práctica cesión parcial de soberanía, a fin de que tribunales internacionales pudieran discernir sobre diversas materias, resolviendo incluso en la vía arbitral.

Todo lo mencionado en el párrafo anterior, pues absolutamente entendible y atendible, pero lo que no lo es, es que tengamos que aceptar muchas veces resoluciones, sentencias y laudos que vayan más allá de los compromisos asumidos por el Perú.

Aceptamos todo lo vinculado a nuestros compromisos, pero no se puede aceptar interpretaciones sui generis que escapan a la letra y espíritu de los tratados de los que somos signatarios, ni que se trate de sustentar posiciones apoyados en jurisprudencia de tribunales con los que el Perú nada tiene que ver, sean ellos extranjeros o de carácter internacional.

En lo judicial, siento que lo que se nos enseñó de la “sacrosanta” cosa juzgada, dejó de existir, por más que la Constitución siga refiriéndose a ella, Incluso lo que resuelva la Suprema Corte puede ser enmendado por el Tribunal Constitucional, y lo que este último determine podría modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el que debería ser objeto de revaluación por los países miembros.

Hemos llegado a la absurda situación en que tribunales internacionales, arrogándose competencias inexistentes, objeten nuestras disposiciones constitucionales, pero lo más insensato, que internamente en nuestra patria, se acepten dichas posiciones, que lesionan nuestra soberanía nacional. Ahora ya no solo intentan control de constitucionalidad de normas y sentencias, sino también control de convencionalidad. ¿Hasta dónde llegaremos?