Por Ántero Flores-Aráoz

Es inverosímil que en estos tiempos en que está probado que la economía de mercado, y en el caso peruano la economía social de mercado, ha dado resultados en los últimos lustros, reduciendo pobreza y elevando niveles de vida de la población, volvamos a épocas pretéritas del Velascato en que se crearon infinidad de monopolios estatales y se retrasó el desarrollo nacional. 

Evidentemente, me estoy refiriendo a la veleidad parlamentaria, que aprobó proyecto de ley para crear monopolio en la publicidad del Estado.  Al circunscribir la publicidad del aparato público a únicamente los medios de comunicación del Estado, como es el diario El Peruano, RTVP y Radio Nacional, con exclusión de los medios privados, en la práctica se crea un monopolio estatal que nos vuelve a tiempos que se suponía superados, y lo que es peor, infringiendo el artículo 61 de la Constitución.

Más allá de la temática jurídica, en la praxis se impediría que información importante llegue a conocimiento del público en general, pues los medios del Estado son insuficientes para ello.

Una campaña de vacunación con información de los establecimientos de salud que la suministren, escasamente conocido.  Al igual, los agricultores no se enterarían de las semillas mejoradas que de los organismos del Sector Agricultura han desarrollado.

Las campañas de formalización minera o las del no uso del mercurio, tampoco llegarían a los interesados.  Los programas de vivienda y los subsidios estatales serían prácticamente confidenciales, y los avisos de corte de agua de SEDAPAL por mantenimiento, probablemente serían conocidos cuando no tienes agua ni para tomar.

Los profesores y educandos no conocerían ni de las fechas de iniciación de clases ni menos aun las de su suspensión por motivos de fuerza mayor, ni tampoco los padres de familia sabrían de las escuelas del Estado en que pueden matricular a sus hijos.

Los simulacros para estar preparados ante desastres naturales, especialmente de movimientos sísmicos, serían un fracaso por falta de conocimiento oportuno y masivo. Nuestras Fuerzas Armadas no tendrían cómo promocionar la inscripción de postulantes para el servicio en activo, ni dar a conocer sus beneficios, entre otros la formación en diversos oficios y especialidades.

Ni que hablar de la Policía, que carecería de medio publicitario para invitar a inscribirse en sus escuelas formativas.  Los programas contra la violencia familiar y abusos contra las damas, de nadao de poco servirían por falta de su publicidad.

Los programas sociales a cargo del Ministerio encargado de la inclusión social, no llegarían a todos los que lo necesitan, convirtiéndose su normatividad en letra muerta. Las bolsas de trabajo que pone a disposición el Ministerio de dicho nombre, se convertirían en esfuerzos fallidos.

Las campañas culturales para los servicios de museos y espectáculos estatales, de suyo no tendrían audiencia. Las vedas pesqueras no serían conocidas por los pescadores artesanales que no revisan “El Peruano”, y la protección del medio ambiente sin público que la cumpla, simplemente por desconocimiento.

Podemos seguir con páginas y páginas de ejemplos, pero con los señalados basta para discernir que nos encontramos ante un abuso de poder.