FISCALÍA PRESENTA HOY EL ACUERDO CON ODEBRECHT PARA SU HOMOLOGACIÓN

Redacción 22 de marzo del 2019 - 9:13 AM

Fuente: Diarico Correo 

Entregará convenio al PJ. Ministro de Zeballos, en tanto, respondió a las 21 preguntas de la interpelación en el Congreso y reveló que la constructora brasileña tiene siete arbitrajes vigentes contra el Estado peruano

Mientras diversos congresistas vapuleaban ayer al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, durante lainterpelación que este enfrentó en el Pleno del Parlamento, el Ministerio Público concluía la preparación del acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Odebrecht para su entrega al Poder Judicial (PJ), que deberá someterse a un control de legalidad para su aprobación final y vigencia.

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En efecto, durante una hora y media, Zeballos respondió las 21 preguntas del respectivo pliego. Sus respuestas, sin embargo, despertaron numerosas y duras críticas en la autora de la moción que lo llevó al hemiciclo, Yeni Vilcatoma, y sus compañeros de Fuerza Popular, así como también representantes del Apra e incluso Acción Popular.

Esta atmósfera de crispación en el Legislativo es considerada porel Equipo Especial “Lava Jato” un potencial riesgo para la homologación del acuerdo con la constructora brasileña.

Es por ese motivo, según fuentes del Ministerio Público, que el fiscal José Domingo Pérez entregará hoy todos los tomos debidamente foliados y compaginados al Poder Judicial, trámite pendiente desde el pasado 15 de febrero, cuando se firmó el documento.

RESPUESTAS

Por su parte, durante su presentación en el hemiciclo, el titular de Justicia abordó diversas criticas planteadas al convenio, el que, de acuerdo con los fundamentos de la interpelación, beneficiaría a la compañía brasileña.

Sobre los cuestionamientos de su supervisión al procurador ad hoc del caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez Ramírez, replicó que si bien es titular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), no puede influir en la labor de los defensores del Estado, pues -como enfatizó en más de una ocasión- son autónomos.

Sin confirmar la cifra de la eventual reparación civil para Odebrecht (que los trascendidos fijan en S/610 millones), sostuvo que ello no implica una reducción a la indemnización inicial estimada: S/3468 millones.

“Afirmar que hubo rebaja en la reparación civil es incorrecto, teniendo en cuenta que el cálculo se realizó con un marco jurídico distinto (la Ley 30737, derogada por la Ley 4009, relativas al cobro de reparaciones) y comprendió otros proyectos (no incluidos en el acuerdo). Tal es así que la reparación inicialmente estimada, no presentada formalmente, correspondía al monto de reparaciones aplicables a todas las empresas ejecutoras”, manifestó.

Precisó que, en consecuencia, a los eventuales S/610 millones se sumarían los pagos del resto de partícipes en los delitos que involucran a Odebrecht en las cuatro obras en las que admitió el pago de coimas -Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde del Callao y Vía Evitamiento Cusco- y otras.

Precisamente, en cuanto a la inclusión de solo estos proyectos en el acuerdo, Vicente Zeballos respondió que tal delimitación no le corresponde a la Procuraduría, sino a la Fiscalía.

Además, aseveró que desconoce la fuente que señala a Odebrecht como propietaria de un patrimonio de 2500 millones de dólares -como una de las preguntas afirmaba- y que, en contraste, la Procuraduría Ad Hoc efectuó un análisis financiero de la constructora y determinó que este es negativo.

ARBITRAJES

Una de las preguntas álgidas para el ministro fue la referente a los arbitrajes pendientes presentados por Odebrecht. En respuesta, Zeballos acotó que estos procesos no existen ni en el Gasoducto Sur Peruano o en la Hidroeléctrica Chaglla.

“La segunda parte de la pregunta nos interroga: ¿qué otras demandas arbitrales que se encuentren en trámite ha interpuesto la empresa en cuestión con el Estado peruano? De acuerdo con lo informado por la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de la ejecución de los proyectos u obras de la empresa Odebrecht, entre el 2010 y el 2016 habría interpuesto siete demandas de arbitraje”, reveló.

Se trata del Proyecto Especial de Irrigación Hidroeléctrica de Olmos Trasvase, la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la Carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Empalme Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, la Carretera Interoceánica Tramo 2, Carretera Interoceánica Tramo 3, la Costa Verde del Callao y la construcción y mejoramiento de la Carretera Camaná-Quilca-Matarani-Ilo-Tacna.

OLA DE CRÍTICAS

 Algunos legisladores defendieron la postura del titular de Justicia con mucha vehemencia, advirtiendo incluso que preferían que se pierda dinero con tal de ver a todos los implicados en corrupción en la cárcel. Este fue el caso del legislador de APP César Vásquez.

Rosa Bartra (FP), por ejemplo, exclamó que Zeballos no cumplió con suficiencia la defensa jurídica del Estado. Incluso, precisó que no da la talla en el cargo.

“Considerando las respuestas del ministro de Estado (…) es mi deber pedirle que evalúe las acciones que deba tomar de forma inmediata, considerando incluso su permanencia en el cargo”, sentenció.

Similar fue la postura de Víctor Andrés García Belaunde (AP), quien incluso descalificó a los procuradores ad hoc, a quienes relacionó también con la polémica constructora brasileña.

“El procurador ha sido procurador del alcalde de Ventanilla de Chimpum Callao, cuyo mentor y promotor (Alexander Kouri) está preso en Piedras Gordas, y cuyo otro de sus autores y líderes, Félix Moreno, está como no habido. Y Odebrecht estuvo en el Callao, y el señor procurador fue, dos veces, en dos periodos del alcalde de Ventanilla, procurador. Por supuesto todo lo pasó, no se dio cuenta de nada”, remarcó.

Como si esto fuera poco, mencionó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) inhabilitó el año pasado a Jorge Ramírez “por malos manejos y conductas raras y extrañas que tuvo en elecciones” de dicha entidad.

“La segunda procuradora, la señora (Silvana) Carrión, ha sido 16 años miembro de un estudio de abogados que defendió a Odebrecht. ¡¿Ante quién estamos, quiénes nos representan?!

DIFAMACIÓN

En tanto, el procurador ad hoc del caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez calificó como una “difamación” las declaraciones el legislador Víctor García Belaunde, quien sostuvo que en ningún momento él ha sido inhabilitado para ejercer sus funciones y se ha desempeñado como funcionario de la Municipalidad de Ventanilla.

“Se dice que yo pertenezco al partido Chimpum Callao. Yo he trabajado la primera gestión de tres de Omar Marcos entre 2007 a 2011 como procurador, pero no eso no ha impedido que ejerza mi labor como procurador actualmente”, indicó en Canal N.

Recordó que en sus labores como procurador han embargado bienes de los funcionarios pertenecientes al partido de Chimpum Callao.

También se refirió a la propuesta de Yeni Vilcatoma, quien adelantó acciones legales contra personas vinculadas al caso Odebrecht. “Dependemos del Ministerio de Justicia, no de la señora Vilcatoma. Respecto de la denuncia sobre los funcionarios de Odebrecht, recordemos que el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Ella puede plantear una denuncia, pero quien la hace suya es la Fiscalía”, anotó.

Mientras que Silvana Carrión, procuradora adjunta de Ramírez, rechazó lo afirmado por García Belaunde.

“Él ha dicho que yo he trabajado en un estudio de abogados que ha defendido a la empresa Odebrecht y a sus funcionarios. Eso es falso. Durante mi permanencia en el sector privado en ese estudio de abogados, no asumí la defensa de Odebrecht ni de sus funcionarios ni empresa o personas ligadas al caso ‘Lava Jato’”, expresó.

Vilcatoma pide detención de Odebrecht y Barata

La congresista Yeni Vilcatoma anunció que presentará una denuncia por el gasoducto, que incluirá a los exdirectivos brasileños Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, para quienes también pidió su detención.

Sobre el tema, el vocero fujimorista Carlos Tubino señaló a Correo que Vilcatoma está desvinculada de la bancada y que pidió una licencia.

CIFRA 

12 años tendría Odebrecht para pagar la reparación civil acordada con el Estado.